Normativas para una movilidad más sostenible

En los últimos años, los gobiernos han impulsado distintas normativas para tratar de reducir los niveles de contaminación de los países. El año 2020 fue en el que se implantó la Ley de Emisiones Medias de Combustibles Corporativas, más conocida como “la ley de los 95 gramos”. Con esta norma se pretende que todas las marcas que operen en Europa tengan una media de emisiones de CO2 a nivel de flota. La sanción, se impondrá por cada gramo que sobrepase esta medida y cada unidad vendida a un precio de 95€. Hay que añadir que esta norma no empezará a ser efectiva hasta el año 2022. Gracias a esto, las distintas marcas tendrán un margen para modificar su gama de vehículos y conseguir cumplir con la nueva normativa. Pero esta no es la única legislación vigente que lucha por reducir las emisiones. Recientemente se ha aprobado la Ley del Cambio Climático, una normativa en la que se incluye el veto a los hidrocarburos y al uranio, y se busca conseguir una movilidad libre de CO2 a partir del año 2050, impulsada por las energías renovables. Esta será la primera ley para luchar contra el cambio climático con la que contará España y que obligará a la movilidad actual a transformarse para poder cumplir con los objetivos que se ha marcado. Sin embargo, y a diferencia del resto de Europa, contaremos con un plazo más extenso para llevarlos a cabo. Para poder cumplir esta norma, el primer paso es eliminar la venta de los motores clásicos de combustión interna que están alimentados por combustibles fósiles (gasolina y diésel). Según el proyecto, que fue aprobado hace unos días, en el año 2040 se prohibirá la venta de este tipo de vehículos. Aun así, hay que tener en cuenta que al ser nuestro país uno de los últimos en aplicar la normativa, las marcas de coches de habrán reducido el número de producción y de ventas de modelos con este tipo de motorizaciones. Por último, también se ha obligado a las poblaciones con más de 50.000 habitantes a crear Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), como ya ocurrió en Madrid (Madrid Central) o Barcelona, donde está limitado el acceso a las zonas más céntricas a los vehículos que contaminen más. Se debe tener en cuenta que la implantación de estas normativas implica que las instituciones desarrollen planes con los que dotar a esas zonas de vías adecuadas para que circulen bicicletas y patinetes, sin entorpecer a los vehículos autorizados ni a los peatones.

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